Autor: Fernando Pascual
Un sistema político está
dañado en sus raíces si considera que son susceptibles de votaciones
parlamentarias o de referendums populares leyes que permitan el crimen, la
intolerancia, la violencia, las guerras de agresión, el racismo, la eutanasia,
el aborto.
¿Por qué? Porque cualquier
sistema político mínimamente justo se construye desde el respeto de los
derechos fundamentales de todos y de cada uno de los seres humanos.
Entre esos derechos está el
más básico de todos: el derecho a la vida. Por lo mismo, ningún sistema político puede
ser considerado justo si deja abierta la posibilidad de que un dictador, un
gobierno, un parlamento votado por el pueblo o un referéndum popular aprueben
una ley que permita abortar a los hijos antes de nacer.
En el pasado y en el presente
se han aprobado leyes que despenalizaban o que permitían el aborto. En el siglo
XX la legalización del aborto tuvo un inicio lúgubre en la dictadura comunista que
dominaba a Rusia y a aquellos estados más o menos sometidos a la Unión
soviética. Luego, otros países, unos oprimidos bajo férreos sistemas
totalitarios, otros supuestamente democráticos, dejaron las puertas abiertas al
aborto. Desde entonces, millones y millones de hijos han sido asesinados antes
de nacer.
Frente a esta situación,
¿cómo actuar? Hay que reconocer que estamos ante sistemas políticos inhumanos,
aunque muestren apariencias democráticas y llamen a la gente a votar en
elecciones más o menos libres. No existe un estado sano donde se violan los
derechos básicos de los seres humanos, empezando por el derecho a la vida.
Es posible, entonces,
recurrir a algunos de los mecanismos legales ofrecidos en tales sistemas y que
puedan ser considerados eficaces para combatir la injusticia, sobre todo desde
la supresión de las leyes que la permiten.
Por ejemplo, un grupo de
personas puede organizar un partido político orientado a abolir las leyes que
permiten el aborto y a promover otras leyes que apoyen a la mujer embarazada,
que garanticen una buena atención al hijo antes y después del parto, que
promuevan la familia.
También es legítimo recurrir
al instrumento de un referéndum popular si el recurso al mismo da esperanzas
fundadas de abolir las leyes abortistas.
Así se intentó, por ejemplo,
en Italia, cuando tras la aprobación de la ley del aborto en 1978, el
Movimiento para la Vida y diversas asociaciones con una amplia participación de
católicos, promovieron un referéndum para abrogar tal ley en sus puntos peores.
El referéndum tuvo lugar en mayo de 1981, si bien con un resultado negativo que
mantuvo en vigor una ley inicua.
En vistas del referéndum de
1981, la Conferencia episcopal italiana publicó, el 11 de febrero de 1981, un
comunicado en el que se afirmaba lo siguiente: “La iniciativa del referéndum
del Movimiento para la Vida es moralmente aceptable y es vinculante para la
conciencia cristiana, porque persigue, a través de la abrogación de algunas
normas de la ley abortista, el objetivo de limitar, en la medida de lo posible,
su amplitud y de reducir sus efectos negativos”.
Los mecanismos legales, por
desgracia, pueden resultar insuficientes ante la degradación de políticos y de
grupos de poder que no sólo mantienen leyes a favor del aborto, sino que
incluso amplían las facilidades para recurrir al mismo. La fuerza de la
propaganda a favor del “delito legalizado” (una contradicción típica de los
estados inhumanos) neutraliza muchos esfuerzos sinceros a favor del derecho a
la vida y adormece las conciencias para no entrever la gravedad del acto que
permite a una mujer eliminar la vida del propio hijo, a veces bajo presiones de
terceras personas muy interesadas en que ese hijo no nazca.
Frente a esta situación, cabe
preguntarse si no existan otras vías pacíficas y que no impliquen menoscabo de
derechos fundamentales de las personas, que sirvan como presión saludable para
que el estado dé un paso atrás en su descarrío, y para que las autoridades
empiecen a respetar el derecho básico a la vida.
No estamos en un mundo que
permite actitudes tibias. Frente a injusticias sumamente graves sólo caben
decisiones valientes. Las mediocridades son el terreno abonado para el triunfo
de las tiranías, aunque estén vestidas de apariencias democráticas. La honestidad
y la firmeza de quienes se comprometen a defender la vida y los derechos
básicos de todos, son capaces de promover cambios radicales en la historia
humana, incluso al precio de persecuciones, cárceles o martirios.
En situaciones como las que
han llevado a legalizar el aborto, vale mucho el testimonio de quien dice no a
las tiranías vestidas de apariencias legales. No sólo para sacudir conciencias
buenas pero llenas de temores y falsas prudencias, sino para ayudar también a
los gobernantes a abrir los ojos ante el mal que cometen y para orientarles
hacia una conversión que los haga defensores de la vida de los miembros de la
sociedad más débiles e indefensos: los hijos antes de nacer.
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