A pesar de las advertencias de varios
médicos y estudios sobre sus serios efectos negativos, la legalización del
consumo de marihuana sigue avanzando en varios países, de la mano de banderas
pseudolibertarias y de la democracia.
El principal argumento que suele
escucharse es que cada uno es libre para hacer con su vida lo que quiera,
siempre que no afecte a otros, razón por la cual el Estado no debiera
inmiscuirse en la esfera privada de las personas.
¿Es tan cierto esto? Es verdad que cada
uno posee una libertad que lo puede llevar a tomar muchos caminos; mas lo
anterior no quiere decir que cualquier uso de la libertad sea indiferente. Es
por eso que entre otros, la moral y el derecho intentan orientar la conducta
para lograr una mejor vida individual y colectiva, lo cual demuestra que
existen varias decisiones ilícitas, por mucho que las defiendan quienes las
realizan.
Pero además, y sin caer en ningún tipo
de paternalismo, parece impropio que el Estado permita que los sujetos se dañen
a sí mismos, a sabiendas. Es la misma idea que inspira las crecientes
restricciones al consumo de tabaco o de alcohol, o se exija más información en
la rotulación de los alimentos, todo por razones de salud pública. Mas
pareciera que todas estas razonables razones se hicieran literalmente humo
cuando se trata de la marihuana.
Finalmente, tampoco es cierto que la
decisión sólo afecte al sujeto, como suele decirse. Ello, porque a menos que
estuviera totalmente solo, siempre existen seres cercanos (usualmente su
familia), quienes de alguna u otra forma se verán afectados por esta conducta
si es que comienza a salirse de control, como puede pasar, según advierten los
especialistas.
Sin embargo el problema llega más lejos:
si miramos a la sociedad en su conjunto, los costos de este comportamiento
supuestamente privado la afectan, y no poco. Por ejemplo, en la falta de
productividad, en problemas de trato con terceros, o incluso en conductas
reñidas con la ley, que podría cometer quien se inicia por este camino; sin
perjuicio que por mucho que se niegue alegremente, los daños a su salud, a la
larga, pueden ser severos, lo cual, además de mermar su potencial para
contribuir al bien común, puede significar una pesada carga para el Estado, por
las eventuales prestaciones médicas que requeriría en algún momento. Desde esta
perspectiva, si la conducta fuera tan “privada”, lo lógico sería que el sujeto
renunciara de antemano al auxilio del Estado en caso de que la cosa salga mal.
Estas y otras razones hacen que por muy
respaldada que se encuentre esta idea, sigue siendo una mala idea, pues las
mayorías no deciden lo que es verdadero o bueno.
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