Autor: Max Silva Abbott
Revuelo ha causado en ciertos sectores
académicos y políticos, la negativa chilena de aprobar la resolución del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “Protección de la Familia” votada
el 25 de junio último.
Esta iniciativa no vinculante, busca que
el estado proteja a la familia ‘tradicional’ de manera sistemática, en atención
a su rol insustituible en cualquier sociedad, al formar a los hombres y mujeres
del mañana, de los cuales depende la continuidad de ese mismo estado. Sin
embargo, Chile ha sido uno de los 14 países que ha rechazado la propuesta, pese
a que lo que establece dicha resolución es asombrosamente similar a lo que
señalan nuestras propias leyes.
La situación descrita presenta varias
aristas, de las cuales se comentarán dos.
La primera, es que muestra un creciente
malestar por parte de varios países, cansados de la presión del Primer Mundo
occidental por imponer el matrimonio homosexual y, de manera más general, los
derechos sexuales y reproductivos, todo dentro de la llamada ideología de
género. Es por eso que ven con malos ojos este intento occidental (y ni
siquiera compartido por todos los países que lo componen) de universalizar su
particular modo de ver las cosas a todo el mundo, haciendo tabla rasa de sus
distintivos culturales, pues parece evidente que redefinir la familia equivale
a redefinir a una sociedad en su conjunto.
Con todo, debe tenerse en cuenta que
esta resolución va contra corriente en el ámbito internacional (tanto de la
ONU, la OEA y la UE) respecto de la postura mayoritaria pro género, y habrá que
ver si toma fuerza en el futuro.
La segunda arista es interna, de cara al
país: consiste en que actitudes como esta (y lo mismo puede decirse respecto
del apoyo de la delegación chilena al llamado ‘derecho al aborto’ en la ONU
hace algunas semanas atrás) muestran muy a las claras la agenda valórica del
actual gobierno, que literalmente, quiere cambiarlo todo, en sintonía con esta
corriente mayoritaria del ámbito internacional.
Por eso la actual situación debe ser
tenida muy en cuenta para no engañarnos: tanto por presiones internacionales,
como por modificaciones que pretenden hacerse –y en parte se han hecho ya– a
nuestro orden jurídico interno, se quiere modificar profundamente nuestra
sociedad.
Lo anterior es mucho más grave que las
conocidas y debatidas reformas al sistema tributario y educacional, que tanto
han llamado nuestra atención en los últimos meses. Aquí, con toda seguridad,
puede hablarse no de una “aplanadora”, sino de una “retroexcavadora” que
pretende cambiar totalmente la geografía cultural de nuestro país, fruto de una
completa reingeniería social que está en marcha desde hace tiempo.
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