Para muchos, un Estado democrático debiera garantizar el máximo de libertades a los sujetos, de modo que cada uno pueda determinar con total autonomía su itinerario vital; y al mismo tiempo, debe velar por el bienestar de sus miembros, procurando satisfacer un mínimo de sus necesidades y supliendo, hasta donde sea posible, las carencias o desventajas que pueden padecer algunos de ellos. Así, la libertad y el bienestar de sus integrantes serían dos de las principales funciones que justifican la existencia del Estado democrático.
Ahora bien, ¿cuál de ambas situaciones debe primar? Hacemos la pregunta en atención a una situación actual que no deja de ser contradictoria. En efecto, por un lado, dentro de la óptica de las libertades, muchos Estados consideran que la existencia de varias formas de ‘familia’ sería una lógica consecuencia suya, con lo cual los sujetos debieran tener las máximas facilidades para establecer las relaciones afectivas que deseen en un plano de igualdad entre ellas. Sin embargo, desde el ángulo del bienestar, podría preguntarse lo siguiente: ¿es indiferente para un Estado que sus integrantes se hayan formado en cualquiera de las modalidades de ‘familia’ que hoy en día muchos legitiman?
En realidad, parece que no, porque existen abundantes datos en varios países que demuestran que los resultados en la formación de los menores difieren bastante en unos y en otros casos, lo que obligaría al propio Estado a intervenir para intentar superar las desventajas de algunos y garantizar un mínimo de bienestar para todos sus integrantes.
De esta manera, si prima el bienestar sobre la libertad, no todas las formas de ‘familia’ en sentido amplio debieran contar con igual protección, precisamente en atención a los efectos que tienen a producir en los menores. O si se prefiere, que en función de ese bienestar, el Estado no podría ser neutral, y tendría que al menos intentar incentivar aquellas situaciones más favorables para sus niños y jóvenes.
Por el contrario, si lo que prima es la autonomía de los sujetos, incluso sobre los efectos que ello produzca en sus miembros, las secuelas que pudieran tener unas y otras decisiones debieran ser vistas como sus costos inevitables. Mas desde ese momento, no sería tan importante como razón de ser del Estado, preocuparse por los más desfavorecidos.
Por tanto, la contradicción parece clara: si el bienestar es realmente lo primero, la libertad no puede ser ilimitada o al menos, no pueden estar todas las posibilidades (en este caso, de formar una ‘familia’ en un sentido amplio), en iguales condiciones; en el evento contrario, si la libertad prima por sobre todo, no hay que extrañarse de sus consecuencias. Lo que no puede ocurrir, es que se pretenda hacer convivir a las dos perspectivas con igual fuerza, ignorando su relación mutua.
No hay comentarios:
Publicar un comentario